Para ser interprete jurídico tienes que contar con una amplia formación en interpretación. No es la única característica para desarrollar esta interesante profesión, pero sí la más destacada. La práctica jurídica requiere profesionales con determinada formación a los que se les encargan labores muy específicas. Sigue leyendo. Te lo contamos todo en esta entrada.
¿Qué es un intérprete jurídico?
Como dicen muchos profesionales del sector, es el interlocutor emocional entre el acusado y el juez. A menudo, es común no saber distinguir la diferencia exacta entre traductor e intérprete. Te lo aclaramos: el traductor traduce documentos escritos mientras que el intérprete transmite los mensajes orales de un idioma a otro. En el caso que nos ocupa, hay que diferenciar también entre «interpretación judicial» e «interpretación jurada». Puede parecer igual, por similitud, pero en realidad son modalidades de interpretación completamente diferentes.
Con todo, la interpretación judicial, como su propio nombre indica, se lleva a cabo fundamentalmente en el desarrollo de un juicio. En él, el intérprete es el mediador, el comunicador entre la persona acusada y el juez. Siendo así, es obvio destacar que el intérprete debe garantizar el máximo de efectividad en la comunicación entre ambas partes, con independencia del idioma que hable cada uno.
Es una interpretación que requiere una excelsa competencia lingüística. Al intérprete jurídico profesional, además, se le exige, y se le supone, un nivel de conocimientos muy variados. Incluso un profundo conocimiento del Derecho civil, penal, laboral o según sea el caso.
¿Cuáles son las cualidades y competencias de un intérprete jurídico?
Quienes la ejercen coinciden en que es una apasionante profesión, pero no está exenta de enfrentarse a situaciones de un nivel de estrés muy elevado. Requiere características especiales, especialmente la obligatoriedad de actuar de modo profesional e imparcial en todo momento.
Entre las cualidades del intérprete jurídico, la principal es el perfecto dominio de, como mínimo, dos idiomas. Además, un amplio conocimiento de los sistemas judiciales, la legislación local y de todos aquellos códigos y costumbres sociales y culturales del país del que se trate. Debe ser profesional y honesto, poseer buena imagen y fluidez oral, ética laboral, buena memoria y una gran capacidad de concentración y muy buena memoria. Hay que tener en cuenta que ser capaz de traducir de manera exhaustiva y precisa diálogos tensos y muchas veces complejos e inconexos, evita ambigüedades. Y también malentendidos entre el juez y el acusado. El error de un intérprete en un juicio puede comprometer a los interlocutores.
¿Competencias laborales? Los contextos son muchos y muy variados. Interviene en todos los casos que haya que traducir intercambios multilingües: declaraciones, interrogatorios, detenciones en comisarías de policía, procesos y vistas judiciales, negociaciones, etc. Incluso en servicios telefónicos o por videoconferencia mediante interpretación telemática.
¿Quién puede ser interprete jurídico?
La respuesta no tiene una única solución. Hay quien dice que lo mejor es contar con una sólida formación previa en el sector de la traducción y complementarlo con estudios y conocimientos legales. Otros opinan que puede incluso ser un procurador o un abogado que domine idiomas. En nuestro caso creemos que ni lo uno ni lo otro. El intérprete jurídico debe ser un auténtico profesional dedicado en exclusiva a su profesión, con amplia y continua formación en traducción y también en Derecho comparado.
Se trata de una disciplina tan compleja e importante que no se domina en poco tiempo. Ni mucho menos por ser el primero en tener un determinado curso o máster especializado. Además, tiene múltiples retos traductológicos, un componente psicológico añadido y el compromiso de una exigencia profesional excelsa.
La profesión de intérprete jurídico en España
En la actualidad, la profesión se desempeña en despachos de abogados, instituciones judiciales, juzgados, etc. Si bien se pueden contratar de manera privada, cuando el acusado no dispone de recursos económicos es la Administración de Justicia la que asigna a los intérpretes. A diferencia de la interpretación jurada, para ejercer la actividad profesional no es imprescindible ser reconocido como “traductor-intérprete jurado”. Una titulación que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En nuestro país, la APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados), asociación sin ánimo de lucro, es la encargada de reunir a estos profesionales. Aceptan al asociarse la vinculación con un estricto código deontológico de actuación en todos sus ámbitos de actuación, tanto policial como jurídico.
A modo de resumen, la actuación del intérprete es crucial. Además, ten en cuenta que de su trabajo depende el éxito de muchos actos jurídicos. Tanto si es para acudir a un juicio como para celebrar un matrimonio con una persona extranjera en un juzgado civil. Un intérprete de confianza puede ayudarte en múltiples situaciones.
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